Por Carlos Berbell | 10 Mayo, 2018

La Sección de Derecho Penal de la Comisión General de Codificación, que va a analizar y determinar la corrección técnica y la utilidad práctica de los delitos de abuso y agresión sexual, estará formada por un 50 por ciento de hombres y un 50 por ciento de mujeres, a fin de responder a la realidad social imperante.

La propuesta ha partido de los componentes de dicha Sección, que acordaron, hoy, por unanimidad, solicitar al ministro de Justicia, Rafael Catalá, integrar en ella vocales permanentes con una composición equilibrada de hombres y mujeres, de hasta 30 miembros.

“El ministro hace suya la propuesta y en la línea en que venía trabajando el Ministerio con los nombramientos recientemente efectuados va a proceder a completar la composición de este órgano asesor”, han explicado fuentes de Justicia.

Hace dos días, Catalá amplió la composición de dicha Sección, presidida por el catedrático de derecho penal, Esteban Mestre Delgado, con cinco juristas de reconocido prestigio – Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (miembro nato); Avelina Alonso de Escamilla, de la Universidad San Pablo CEU; Mirentxu Corcoy Bidasolo, de la Universidad de Barcelona; Carmen Lamarca Pérez, de la Universidad Carlos III, de Getafe, Madrid; y Blanca Hernández Oliver, letrada de las Cortes Generales y exdelegada del Gobierno para la violencia de género-, que se unirían a los 20 juristas varones.

Durante el debate parlamentario de ayer, los partidos de la oposición establecieron como condición para su apoyo que la mencionada Comisión General tuviera una composición paritaria.

Catalá señaló esta mañana que “el encargo efectuado a la comisión es el punto de partida de un proceso con el que se pretende clarificar una cuestión que está generando un amplio debate social en torno a la libertad sexual de la mujer y a la definición que se hizo en 1995 de los delitos que atentan contra este derecho”.

“La cualificación y experiencia de los integrantes de la comisión que se conforme de este modo permitirá contar en las próximas semanas con una propuesta que ayudará al Gobierno y al Parlamento a abordar una posible reforma del Código Penal si existe consenso social y político suficiente”, añadió.

El ministro ha defendido que la Justicia requiere reformas continuadas y permanentes y que el Derecho debe ir acompañando la transformación social para el fortalecimiento de los derechos de todos los ciudadanos.

Dos de los miembros de la actual Comisión, Francisco Muñoz Conde y Javier Moscoso, presentaron su dimisión.

Moscos, exministro de Justicia, explicó que hay que dar entrada a gente más joven y a mujeres, “porque estos son otros tiempos”, por una parte, y, por otra, porque no ve lógico afrontar un cambio de tal calado en estos momentos, en la tipificación de ambos delitos, ya que la sentencia del caso de “la manada” va a ser objeto de recurso de apelación.

“No me parece oportuno”, ha declarado a Confilegal.

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